Derechos humanos en el nuevo gobierno
Por: RAÚL OLIVERA Friday, Dec. 10, 2004 at 4:05 AM

Decir hoy que las denuncias de desapariciones serán investigadas por el futuro gobierno, en función del artículo 4º, será también decir que el nuevo gobierno hace suyas las argumentaciones sostenidas durante todos estos años por Sanguinetti, Batlle y Lacalle. Que la Ley 15.848 es lo que no es, una amnistía a todo y a todos... y que Juan Carlos Blanco fue injustamente procesado.

"Para demostrar también, trémula pero inextinguible esperanza, que la justicia llega, aunque las más de las veces, su camino se haga a través de las tumbas y las ruinas". Carlos Quijano

Cuando la asunción del primer gobierno de izquierda en el Uruguay entra en la cuenta regresiva, la organización de Familiares de Desaparecidos no obtuvo "...un compromiso expreso del gobierno electo respecto hasta dónde está dispuesta a llegar la izquierda en materia de derechos humanos...".

Tiempo atrás en una entrevista similar, el entonces presidente de la coalición de izquierda habría manifestado -palabras más o palabras menos- que en este tema de las desapariciones se estaba dispuesto a acompañar lo que los familiares de las víctimas reclamaran.

Hasta aquí, lo que ha sido la relación más reciente y conocida de quien hoy es el futuro titular del gobierno y la organización de Familiares. Habida cuenta de que pasadas formas de encarar esta temática contaron con acuerdos entre estas partes, pero en el marco de otra administración, no es un dato menor. La fórmula de la Comisión para La Paz fue larga y minuciosamente discutida entre representantes de Vázquez, Batlle y Familiares.

La forma que aparece registrada en la prensa, este último encuentro, pone de manifiesto que a donde se esté dispuesto a llegar en esa problemática es más un problema político que jurídico. La impunidad en nuestro país, más que la consecuencia estrictamente jurídica de la ley de impunidad, ha sido el resultado de las políticas instrumentadas desde los gobiernos blancos y colorados.

De mantener el futuro presidente su original promesa a los Familiares, el gobierno que se instalará el 1º de marzo deberá instrumentar políticas que afectaran la impunidad. Y esto será así, no solo para atender a los reclamos que los Familiares y el resto de las organizaciones de derechos humanos formularon recientemente en el documento "A 20 años del primer gobierno democrático: las asignaturas pendientes", sino porque lo que se haga no deberá ser consensuado con ninguna política que históricamente haya estado comprometida con el mantenimiento de la impunidad.

Dicho de otra manera, el tema de las pasadas violaciones a los derechos humanos no sólo deberá ser encarado en una coyuntura donde uno de los interlocutores ha subido su apuesta, sino donde el gobierno futuro tiene definiciones históricas y a nivel programático que lo alejan tanto de los alcances limitados de la Comisión para La paz, como de aquellos contenidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Los Familiares reclaman "...ir más allá de los alcances del artículo cuarto de la ley de Caducidad, no sólo para esclarecer la situación de las personas, sino para hallar responsabilidades".

El documento que una Unidad Temática de la fuerza de izquierda acordó sin disensos luego de escuchar la opinión de las organizaciones de derechos humanos y que fuera aprobado en su último Congreso, omite toda referencia a encuadrar las obligaciones del Poder Ejecutivo de investigar las violaciones a los derechos humanos en el artículo 4º de la Ley de Caducidad. Es más, establece otras obligaciones que superan el reclamo de la investigación. Esa superación está acorde con el actual reclamo de los Familiares en el sentido de hallar responsabilidades y sancionarlas. Es cierto que los debates que se generaron en el Congreso "Héctor Rodríguez" (nos referimos a las argumentaciones contrapuestas de Huidobro y Cores), opacaron el sentido estricto de lo que esa instancia finalmente aprobó. Tanto es así que a un año de dicho congreso, una nota de prensa de estos días dice que: "... El año pasado, la organización (Familiares) solicitó al Frente Amplio que si accedía al gobierno, derogara la Ley (de Caducidad). Empero, la mayoría de los grupos de la coalición se pronunciaron a favor de mantener la norma."

Tanto una moción particular sobre el tema aprobado, casi por unanimidad, como el documento aprobado con las mismas características establecen que: la impunidad constituye un obstáculo para la normalidad democrática y que el gobierno deberá adecuar la legislación interna (Ley de Caducidad, entre otras), con sus obligaciones emanadas de la legislación internacional. Un razonamiento dotado de lógica y racionalidad, debería concluir que salvo que se optara por vivir en la anormalidad democrática y renunciar a los convenios internacionales suscritos en esta materia, se deberá terminar con la impunidad. La instrumentación de ese fin de la impunidad está marcada por la necesidad imperativa que tiene el Uruguay (ver Resoluciones de ONU y CIDH) de adecuar normas de derecho que apuntan a objetivos irreconciliables. A saber: mantener la impunidad sobre delitos de lesa humanidad o terminar con una impunidad que afecta gravemente obligaciones contraídas por el Estado uruguayo cuando se ha sumado al concierto internacional suscribiendo aquellos instrumentos legales creados justamente para garantizar derechos elementales de la dignidad humana.

Lo inadecuado, de seguir atribuyéndole al Poder Ejecutivo el deber de investigar y esclarecer las gravísimas violaciones a los derechos humanos exclusivamente por el imperativo de un artículo (el 4º) de una norma cuestionada internacionalmente, no está sólo en que se estaría ignorando la existencia de otros instrumentos más legítimos como lo son la propia Constitución y los convenios internacionales. También se están avalando y consolidando los abusos de poder y la arbitrariedad con que los últimos gobiernos posdictatoriales aplicaron la Ley de Caducidad. Si al menos tres magistrados y más de un fiscal entendieron que la inclusión de denuncias en la Ley de Caducidad debe tener una razón clara y una explicación en el marco del derecho, es porque, como hemos sostenido reiteradamente, no puede sumarse a la ilegalidad de sustraer a un Poder del Estado una de sus claras competencias, que a partir de esa competencia usurpada la misma sea usada con absoluta discriminación y arbitrariedad.

La reciente medida del juez Mirabal, de pedirle explicaciones al ex Presidente Sanguinetti sobre las razones de aplicación de la caducidad a la denuncia de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, va en esa dirección. Pero no entendemos cómo esa explicación le es reclamada al que fuera titular del Poder Ejecutivo y no al órgano ejecutivo. Menos entendemos aun, que dicha explicación o fundamento no se haga presentando la documentación en que se fundó la determinación. No entendemos cómo una resolución que dicta un Poder del Estado y que afecta derechos tan esenciales a la persona humana, no es el resultado de consideraciones y fundamentos que queden registrados en actas y expedientes.

Decir hoy que las denuncias de desapariciones serán investigadas por el futuro gobierno, en función del artículo 4º, será también decir que el nuevo gobierno hace suyas las argumentaciones sostenidas durante todos estos años por Sanguinetti, Batlle y Lacalle. Que la Ley 15.848 es lo que no es, una amnistía a todo y a todos... y que Juan Carlos Blanco fue injustamente procesado.

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